jueves, 25 de mayo de 2017

ALLANARON ODEBRECHT Y SECUESTRARON DATOS SOBRE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS CON AYSA.


      Por Iván Ruiz/La Nación.-  El juez Casanello secuestró documentos sobre la construcción de dos plantas potabilizadoras de aguas cuyas licitaciones, ganadas por empresas brasileñas, presentaban varias irregularidades El mediodía de ayer será recordado como un momento clave para el caso Odebrecht en la Argentina. En el preciso instante en que el ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzaba una reunión con el abogado de la compañía brasileña para intentar llegar a un acuerdo, la Justicia inició allanamientos a la sede de la empresa, a las oficinas de seis compañías que fueron sus socias en distintas obras y, por último, a AySAsa, la empresa pública de aguas. Enterado de los hechos, el representante legal de Odebrecht se retiró. El juez federal Sebastián Casanello ordenó los procedimientos para obtener toda la documentación relativa a la construcción de las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas y Bicentenario, cuyos contratos fueron adjudicados a Odebrecht y Camargo Correa. 

La Justicia ya había detectado distintas irregularidades en el contrato de $ 2700 millones adjudicado a Odebrecht en 2008, como redeterminaciones de precios injustificadas y el desvío de casi $ 1000 millones del presupuesto. El juez Casanello ordenó los allanamientos para buscar toda la documentación de las licitaciones "mellizas", dos concursos sospechosos para los investigadores porque comparten las mismas prácticas -irregularidades incluidas- y los mismos actores que son investigados en Brasil por el caso conocido como Lava Jato. Los procedimientos se prolongaron durante siete horas. Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y representantes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ingresaron sobre el mediodía a la sede de Odebrecht en la calle Leandro N. Alem al 800. Secuestraron toda la información sobre la construcción de la planta Paraná de las Palmas, un contrato de $ 2700 millones que pagó AySA. Se llevaron documentos contables, pero también accedieron a registros digitales, informaron fuentes judiciales. 

Los datos serán analizados en las próximas horas por el juez y por el fiscal Sergio Rodríguez. La Justicia ya detectó inconsistencias en la licitación que ganó Odebrecht junto con sus socios Benito Roggio SA, Supercemento SA y Cartellone Construcciones en enero de 2008. Cuatro meses después de haber adjudicado el contrato, sin mediar modificaciones, AySA implementó una ampliación en el presupuesto por otros $ 400 millones, reveló LA NACION. Hay más. Los incumplimientos de la empresa durante la ejecución del contrato le costaron a Odebrecht $ 32 millones por multas por los fuertes retrasos en las obras, según consta en documentos oficiales. La compañía se limitó ayer a emitir un comunicado en el que "reafirma su posición en colaborar con la Justicia". "La empresa espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", señalaron los brasileños. El fiscal Federico Delgado había ofrecido ayer a la empresa aportar datos a la Justicia bajo la figura del arrepentido. La propuesta, que tiene una vigencia de cinco días, por ahora no fue aceptada ni rechazada por la empresa, aunque desde la compañía pretenden que sus ejecutivos sean eximidos de cualquier proceso penal en el país, situación que no está contemplada en la ley. 

 Licitaciones "mellizas" 

 La política metió la cola en el caso Odebrecht. Los últimos tres días estuvieron marcados por acusaciones cruzadas, negociaciones veladas y llamativos cambios de postura en los distintos actores que componen el escenario político-judicial. Ayer, como en una escena de película, el abogado de Odebrecht tuvo que levantarse de la reunión con el ministro Garavano antes siquiera de comenzar a hablar sobre el posible acuerdo que negocian con el Gobierno para aportar información sobre los US$ 35 millones de sobornos pagados en el país. Le habían avisado por teléfono que en ese mismo momento estaban allanando la sede de la empresa. "Me alegra que hayamos despertado a la Justicia. ¿El allanamiento tenía que ser justo hoy [por ayer] a la misma hora de la reunión?", se desquitó la alta fuente oficial. Casanello también allanó las sedes de Camargo Correa y Esuco SA, empresas que ganaron la licitación para construir la planta potabilizadora del Bicentenario. 

 En la Justicia bautizaron estas obras como las licitaciones "mellizas" por la similitud de ambas con el Lava Jato brasileño. Las empresas: Odebrecht y Camargo Correa. El financiamiento: el Banco de Desarrollo de Brasil. ¿Irregularidades? Llamativas readecuaciones de precios, cartelización de los oferentes, ampliación de plazos de obra y desvíos millonarios de fondos para beneficiar a las empresas. Por ejemplo, tal como ocurrió con la licitación adjudicada a Odebrecht, en la planta del Bicentenario Camargo Correa y Esuco gozaron de una redeterminación de precios por $ 93 millones, que llegó tres meses después del concurso. En total, la obra costó $ 580 millones. ¿Quién compitió en la licitación? Electroingeniería SA. El juez brasileño Sergio Moro, que instruye el megacaso Lava Jato, determinó hace un mes que Electroingeniería pagó sobornos a través de intermediarios de ese país para concretar la compra de Transener SA a Petrobras. Entre los nombres mencionados como los funcionarios receptores de sobornos aparece Julio De Vido. Todo esas maniobras se realizaron bajo la supervisión de AySA. El juez también investiga el patrimonio de Carlos Ben, un hombre de confianza de José Luis Lingieri que se desempeñó como titular de la empresa. La Justicia maneja una hipótesis que señala a Ben como testaferro del sindicalista, informaron fuentes de la investigación.

COIMAS EN LA GESTIÓN KIRCHNERISTA: RESISTENCIA DENTRO DEL GOBIERNO CONTRA LA PROPUESTA DE ACUERDO DE ODEBRECHT.

      Por Alejandro Alfie/Clarín.- Rechazarían la propuesta, que fue girada a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración del Tesoro. El Gobierno comenzó a analizar la propuesta de 10 páginas que entregó Odebrecht para revelar a quiénes les pagó US$ 35 millones en coimas en la Argentina, durante la gestión kirchnerista. El ministro de Justicia Germán Garavano les giró a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración del Tesoro el convenio que acercó la empresa brasileña, donde reclama condiciones similares a las que recibieron en República Dominicana, entre otros países de la región. Esa propuesta iba a conversarse en una reunión ayer al mediodía, entre el abogado de la empresa brasileña y los funcionarios. Pero las cosas no resultaron como estaban previstas, ya que en ese mismo momento, a las 12.30 horas, la Justicia estaba allanando la sede de Odebrecht y el abogado Guido Tawill tuvo que retirarse de la reunión con Garavano. De todos modos, el ministro se reunió poco después y por breves minutos, en forma separada, primero con el procurador general del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y luego con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. A ambos funcionarios Garavano les dio el convenio que propuso firmar Odebrecht y les pidió un dictamen para la semana que viene. Los técnicos de los organismos comenzaron a analizar la propuesta de Odebrecht, que ofreció colaborar en la identificación de los funcionarios e intermediarios a quienes les pagó coimas en la Argentina; a cambio de aplicar el "modelo dominicano", para que sus 78 “arrepentidos” no sean juzgados en la Argentina y que la empresa pueda continuar participando en los negocios de obra pública. 

 En República Dominicana se firmó un convenio para identificar a todos los que recibieron US$ 92 millones en coimas de Odebrecht, pero sin ir judicialmente contra la empresa ni sus empleados, que están siendo procesados y condenados en Brasil. Además se le permite a la compañía seguir operando en la obra pública con un modelo de transparencia, para que pueda pagar los US$ 184 millones de multa que le impuso ese país. La propuesta de Odebrecht “no es aplicable en la Argentina, ya que acá no existe la delación premiada sin persecución judicial. Vamos a proponer el rechazo de la propuesta que hizo Odebrecht”, dijo una fuente de un sector del Gobierno. Y agregó que la empresa brasileña está apurada por firmar un acuerdo en la Argentina, “porque saben que el 1° de junio se levanta el secreto de sumario en la Justicia brasileña y van a comenzar a llegar a la Argentina las declaraciones que ya hicieron sus empleados sobre el pago de coimas en nuestro país”. El Gobierno está interesado en que Odebrecht se comprometa a que sus ex directivos declaren y brinden documentación sobre cuánto dinero le pagaron a cada funcionario e intermediario, cuándo y en qué cuentas bancarias, ya que en la Justicia de los Estados Unidos declararon que habían pagado US$ 35 millones de coimas en la Argentina, entre los años 2007 y 2014. 

 Por eso, cuando tenga los dictámenes técnicos sobre el convenio, el ministro Garavano va a recomendarle al presidente Mauricio Macri su aprobación o rechazo. Es que más allá de lo que se decida en las causas judiciales, el Gobierno presiona a la empresa brasileña con quitarlos del Registro de Constructores para que no puedan participar durante varios años en obras públicas en la Argentina y aplicarle multas millonarias en caso que la compañía siga sin cooperar con la justicia federal. Odebrecht tiene 800 empleados en la Argentina y pretende seguir con obras como el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y las plantas potabilizadoras de agua de Aysa, además de querer presentarse en las licitaciones de obra pública que se realicen en el país. Por eso, propuso al gobierno dos opciones para pagar las multas: con ganancias de las obras públicas en el país, a través de un fideicomiso que se crearía cuando se establezcan las multas; o con dinero de la casa matriz, a partir del año 2024, ya que hasta esa fecha tiene comprometidas las ganancias para otros países donde celebró convenios de cooperación.

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